EDITORIAL

PARECE QUE NO PASARA EL TIEMPO: LO ESCRIBIMOS EN EL AÑO 2011; ¡QUÉ ACTUALIDAD!

Las elecciones las PASO en agosto y finalmente las nacionales de Octubre próximo, más allá del impacto que sus resultados tienen en la configuración del escenario político, deberían constituirse en un hito relevante en el proceso de normalización institucional de la Argentina.

 

El sistema democrático y la división de poderes son los pilares fundamentales del marco en el que los argentinos, como sociedad, debemos aprender a dirimir seria y normalmente las diferencias y potenciar los consensos que nos aseguren un mejor futuro a partir del desarrollo económico y del bienestar social, del crecimiento de los niveles de empleo y educación, y de la vitalidad de la cultura para aspirar a saltos cualitativos como sociedad.

 

A esta altura de la historia de la humanidad, es evidente que el sistema democrático y la división de poderes son la mejor fórmula para garantizar la dignidad de las personas y de la sociedad a partir de la libertad individual para expresarse y definir el rumbo del conjunto.

 

¿Hacen caso los políticos a las conclusiones de las necesidades de su población? Mucho menos de lo que la gente querría, de acuerdo a las fuentes consultadas para esta nota y encuestas públicas. En la Argentina no hay algún organismo gracias al cual académicos de primera línea están en contacto directo con los hacedores de política.

 

La mayoría de los gremios y sindicatos vienen reclamando que el gobierno eleve ya el tope a partir del cual los trabajadores y jubilados deben pagar el Impuesto a las Ganancias y que aumenten las deducciones que se pueden aplicar sobre el cálculo del Impuesto.

 

Asociaciones civiles, como la nuestra reclaman en forma permanente la derogación de ese impuesto que se aplica a los trabajadores y a las jubilaciones y la Corte Suprema de Justicia ha dictado ya un fallo terminante al respecto.

 

No hace falta ganar mucho para que el Fisco lleve un elevado porcentaje de los ingresos de los trabajadores. Con la voracidad del Estado los impuestos absorben el 30% de las jubilaciones. Y como en los ingresos pesan mucho los impuestos sobre el consumo ese porcentaje supera al que soportan los salarios hasta el nivel en que se produce un salto, porque comienzan a actuar las mayores alícuotas del Impuesto a las Ganancias.

 

En nuestro país para los jubilados, pensionados y trabajadores, la estructura impositiva es ampliamente regresiva porque está montada sobre impuestos al consumo.

 

Otro tema conflictivo que nos ocupa es el de las futuras jubilaciones que deben percibir los agentes del Congreso de la Nación los que durante muchos años hicieron aportes superiores para poder obtener una jubilación diferenciada y así vivir dignamente.

 

Pero… siempre existe un pero, todo se perdió cuando en 1994 el inefable Ministro de Economía Domingo F. Cavallo, promovió y obtuvo con el consentimiento de los señores legisladores nacionales de ese entonces, la sanción de las leyes 24.241, 24.463 y derogando la 21.124.

 

A veinticinco años de vigencia de ese régimen de jubilación, son múltiples las diferencias que acumula y que ameritan una reestructuración.

 

Por último debemos referirnos a la Inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley 24.463. A pesar de que la Corte de Justicia de la Nación tomó esa medida y de los numerosos juicios con sentencia firme ganados por nuestros jubilados, la ANSeS sigue ignorando lo dispuesto en franca violación a los derechos constitucionales.

 

Nuestra Asociación ha trabajado incansablemente para encontrar y proponer soluciones a la problemática de los asuntos planteados, atendiendo no solo los problemas coyunturales sino también la dimensión social y continuaremos con la prédica trazada que se basa en un esquema de colaboración entre los sectores y las autoridades que emergen en cada período parlamentario, “a pesar de que en este último período, debemos señalar el destrato de que hemos sido objeto por parte de las actuales autoridades”.

 

Los jubilados y pensionados fueron el primer sector colectivo inmolado por el monetarismo.

 

Reivindicar a quienes no tienen tiempo para esperar no solo es justo, sino emblemático para toda una sociedad que a su turno –sino se corrigen las causas- terminará padeciendo lo que la realidad demostrará que para ella también había.

 

Los legisladores nacionales –los que continúan con sus mandatos y los que se elijan- tienen la obligación histórica de sancionar una legislación justa y acertada y seguramente dejarán grabada en las mentes del personal legislativo –los jubilados y los que permanecen en actividad- quienes son los que los reivindicaron, en contraposición con aquellos que los despojaron de sus derechos obtenidos legítimamente, “como asimismo recuerdan con afecto a otras autoridades legislativas con amplio sentido social que consideraban especialmente a los jubilados del Congreso Nacional y que supieron reconocer sus derechos hasta ahora conculcados”.

SarandÍ 168 - Buenos Aires - 5411 4954 2518 / 2519 - Salón de eventos: Alsina 2149
Copyright © 2017 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO DE LA NACION